España sigue sin recordar

ALBA CABRERA CON MARIA ALTAREJOS Y DANIEL CORTÉS

La Ley de Memoria Histórica de 2007 se ha aplicado tan solo parcialmente. Tras la llegada al gobierno central del Partido Popular el presupuesto destinado para la ley se ha anulado.

“Los antifranquistas aplaudieron desde las tribunas. Algunos lloraban, y el presidente del Congreso tuvo que llamar al orden ante la emoción desbordada”. Así comenzaba El País su crónica sobre la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica el 1 de noviembre de 2007. Nueve años después, la euforia parece haberse diluido. Desde que en 2012 el PP decidió suprimir la ley de facto al privarla de fondos públicos, su aplicación se ha convertido en una tarea muy dificultosa.

Esta ley es la heredera directa de las escasas medidas tomadas contra los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo durante la transición democrática. En 1977, Adolfo Suárez aprueba la Amnistía a los presos políticos condenados antes de 1976. Lo hizo  para calmar el latente espíritu de venganza de los años 70, presionado por la oposición democrática. Los expertos coinciden en que esta Amnistía se redactó de manera demasiado amplia, sobre todo porque no juzgaba determinados casos de crímenes contra la humanidad. La élite política decidió considerar la Guerra Civil como un episodio de enfermedad colectiva. No se pidieron responsabilidades por los delitos cometidos y se vinculó a la monarquía con la reconciliación de los españoles.

En sus cuatro legislaturas, Felipe González pudo haber aprobado una ley de memoria histórica en España. Pero, el gobierno socialista no priorizó el problema y se desaprovechó el momento, popularizando la frase de “tú te olvidas de tus muertos y yo de los míos”. El jurista Alfons Aragoneses apunta como causa de esta decisión política socialista el golpe de estado de 1981 y que, en cierto sentido, sí fue exitoso.

“Tú te olvidas de tus muertos y yo de los míos”

El PSOE de Zapatero tampoco llevó en su programa de 2004 ninguna referencia a una posible Ley de Memoria Histórica. Tras ser presionado por ERC e IU-ICV para que abordara la cuestión, Zapatero presentó en junio de 2006 el Proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. El gobierno socialista consiguió los apoyos suficientes para aprobar la Ley definitiva en 2007, matizada tras la negociación parlamentaria. Todos los grupos dieron su apoyo, a excepción del PP y ERC, que dieron motivos totalmente contrarios. Desde entonces, la ley ha sido criticada por muchos sectores tanto de derecha como de izquierda. Además, diversas asociaciones de memoria histórica como “Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya” constatan que la ley actual no anula las sentencias judiciales contra los represaliados políticos durante el franquismo.

La Ley de 2007 supuso una mejora en lo que se refiere al tratamiento de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. No obstante, este moderado avance quedó estancado a partir del año 2012, cuando el PP ganó las elecciones por mayoría absoluta. En los presupuestos del Estado de 2013, el gobierno popular decidió no asignar ningún fondo económico destinado a cubrir gastos de la Ley, a pesar de que la mayoría de los 22 artículos requieren grandes inversiones de capital público.

Simbología franquista

Uno de los artículos de la Ley de Memoria Histórica que más controversia generó y genera hasta hoy es el que hace referencia a los símbolos y monumentos públicos que exaltan el franquismo. Este punto estipula de manera textual que se deberá proceder a “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos de exaltación al franquismo”. Además, el nombre de las calles está incluido también en este apartado como un vestigio más del franquismo. Aun teniendo esta obligación de ley, es un hecho que en las calles de muchos pueblos españoles siguen existiendo símbolos franquistas. Las vías legales para proceder a su retirada no son difíciles pero el proceso es lento.

Por un lado, es necesario recordar que, a propuesta de CiU, se añadió en el texto legal que se podrán salvar algunos de estos monumentos por razones artísticas o arquitectónicas. Esto facilitó que algunos vestigios franquistas, sobre todo aquellos que se encuentran en iglesias, se pudieran mantener.

Sin embargo, este no es el único motivo. Existe también cierto desconocimiento por parte de la sociedad civil sobre este proceso. Las herramientas para denunciar la simbología franquista no se utilizan, pues en la mayoría de casos, los monumentos o símbolos ya han sido asumidos como normales y no molestan. Por ejemplo, el profesor de historia de la UAB Josep Lluís Ramos reflexiona que no todos los ciudadanos que se oponen a la retirada del monumento falangista de Tortosa son franquistas. La causa, dice, es que ya forma parte del paisaje de la localidad. Otro caso es el de las placas del Ministerio de Vivienda franquista que se encuentran en las paredes de los edificios de protección oficial construidos en los años 50. Es labor de los vecinos pedir su retirada, y aún hay muchas presentes.

Poco a poco, pero los tribunales van aplicando judicialmente este punto de la ley, siempre después de las demandas de la sociedad civil. Un ejemplo es la admisión a trámite de las denuncias contra municipios que aún tienen nombres franquistas.

Cataluña se diferencia del resto de España respecto a este punto. Aquí se empezaron a retirar los elementos franquistas a partir del año 1979. Los expertos señalan que esto se debe a una cuestión de cultura política, ya que una amplísima mayoría de las fuerzas políticas catalanas procedían del antifranquismo, cosa que no pasaba en el resto del Estado. La sociedad catalana también tuvo mucho que ver en ello, pues el cambio espontáneo que organizó el movimiento vecinal catalán fue muy fuerte en comparación al del resto del estado.

placa
Una placa que señala la construcción de un edificio franquista de protección oficial. JOSEP XICOT

Valle de los Caídos

El monumento de la época franquista más reconocible es el Valle de los Caídos. La ley trata el mausoleo en un artículo específico. Este punto estipula que en dicho espacio “no podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltaciones de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”. Además, la fundación gestora del Valle de los Caídos deberá incluir entre sus objetivos “honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil” y “fomentar las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad”.

Para entender la importancia del Valle de los Caídos se debe tener en cuenta que fue construido por orden de Francisco Franco. De hecho, él mismo está enterrado allí junto al fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Para los expertos, el monumento no dejará de ser percibido como una tumba franquista mientras el cuerpo del dictador franquista sigua ahí y pueda ser considerado un sitio de peregrinaje. En cambio, el filósofo del derecho Víctor Méndez afirma que sí es posible combinar el hecho de que los dirigentes fascistas descansen en el Valle de los Caídos con una desideologización del espacio.

De todas maneras, cualquier actuación por parte del gobierno en este lugar es complicada. El historiador Joan B. Culla recuerda que es un monasterio religioso, que forma parte del Patrimonio Nacional, por lo que intervienen razones artísticas y, sobre todo, religiosas, que resultan espinosas para cualquier gobierno español. Lo que la ley sí ha conseguido cambiar en el Valle es que ya no se pueden celebrar actos para rememorar la muerte de Franco los 20 de noviembre.

Exhumaciones

La Ley establece que las Administraciones subvencionarán a las entidades sociales que participen en las exhumaciones de cadáveres en las fosas comunes. Sin embargo, desde que el gobierno del PP accedió al poder central y le dio un presupuesto de cero euros, los gastos han tenido que correr a cargo de asociaciones privadas o familiares de las víctimas.

Las estimaciones de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica calculan que antes el ejecutivo costeaba el 20% de los gastos, pero ahora las entidades de la sociedad civil deben pagar el total de los 2900 euros que cuesta localizar e identificar un cuerpo, como mínimo.

Pero lo más importante es que, mediante este modelo de subvenciones, el Estado ha esquivado su responsabilidad de hacerse cargo de las localizaciones e identificaciones, aunque el derecho internacional estipula que es el propio gobierno quien se tiene que encargar de exhumar los cuerpos y no las entidades sociales.

numero de exhumaciones AMH

Apertura de archivos

La ley también obliga a garantizar el derecho de acceso a los archivos de la Guerra Civil y el franquismo y a la obtención de las copias que se deseen de éstos. En este aspecto, hay divergencia entre los expertos. Algunos consideran que estos archivos se han abierto al público de manera total, sin coste y de fácil consulta. Es el caso del profesor de derecho Víctor Méndez, que explica cómo adquirió de manera rápida y gratuita los archivos del juicio a su abuelo, juzgado y ejecutado durante la guerra por ser masón. Por otro lado, el historiador Josep Lluís Ramos reconoce que esta apertura no se ha hecho tan bien como se debería.

En esta misma línea, el presidente de la “Associació Pro-memòria Històrica dels Immolats per la Llibertat a Catalunya”, Pere Frotuny, advierte que, por ejemplo, en el Archivo de Salamanca no dejan hacer copias de los documentos. Así mismo, el profesor Josep Lluís Ramos admite que el de la accesibilidad a los archivos es un problema generalizado en la mayoría de países del mundo. Por ejemplo, durante un breve período tras la desaparición de la URSS, todos los archivos soviéticos se hicieron públicos. En cambio, con la llegada de Putin al poder en el 2000, volvieron a quedar cerrados.

Compensaciones económicas

La ley reconoce el derecho a retribuciones económicas para ayudar a los familiares de las víctimas. Se conceden compensaciones a los huérfanos e indemnizaciones para quienes fueron presos políticos durante el franquismo, a pesar de que sólo las mujeres de estos hombres pueden ser beneficiarias de la indemnización por prisión. Además, existe una indemnización para “las personas que fallecieron en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977”. En este último caso los beneficiarios son los hijos y el cónyuge de la persona fallecida.

Puesto que dependen del presupuesto del Estado, las compensaciones económicas para los familiares se han parado. Además, se debe tener en cuenta que la ley solo contempla conceder retribuciones a los familiares de personas que participaron en el conflicto y no a quien fue víctima indirecta de la Guerra en la retaguardia.

subvenciones AMH

Educación

La ley también contiene un artículo que hace referencia a la educación de la población sobre la historia del siglo XX en España. Con la creación de esta cláusula, se pretendió “el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento a los jóvenes de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura”.

Pero en realidad la educación de los jóvenes en España respecto a la Guerra Civil y la dictadura franquista es deficiente. No se explica lo suficiente y lo que se explica no sirve para que los jóvenes tengan conciencia de los hechos. El profesor de humanidades de la UPF Jordi Ibañez añade que la educación es un reflejo de un pasado no resuelto. De igual manera, el jurista experto en memoria histórica, Alfons Aragoneses, explica que España ha querido situarse junto al resto del mundo occidental en contra del holocausto judío y que este es un tema que sí que aparece en los currículums escolares. Pero la Ley Wert pasa de puntillas sobre la Guerra Civil e ignora la complicidad entre Franco y Hitler. Por tanto, los jóvenes conocen más el nazismo que el franquismo porque se explica en más profundidad. La historia de la Guerra Civil y la dictadura franquista queda relegada a un segundo plano dentro de los contenidos del sistema educativo.

Perspectiva

Lo cierto es que tanto franquistas como republicanos cometieron atrocidades durante la Guerra Civil. Sin embargo, el lado franquista fue el claro vencedor y los republicanos se convirtieron en sus víctimas. Por este motivo, la memoria histórica estuvo durante mucho tiempo fuera de la agenda política democrática. En España el pasado se dejó de lado por parte de los partidos políticos y, por lo tanto, era de esperar que tarde o temprano esta cuestión volvería a aparecer en la vida política.

Durante la transición se consideró que aún era demasiado pronto para impulsar medidas que pudieran solucionar lo ocurrido durante el franquismo. Pero hoy en día son muchos los que piensan que ya es demasiado tarde para poner remedio, que es mejor dejar el pasado tal y como está.

Es cierto que durante la legislatura de Zapatero la ley no se aplicó al cien por cien pero cuando entró el Gobierno de Rajoy, la ley fue anulada en la práctica. Como hemos comprobado, a la falta de presupuesto público se le suma el hecho de que el contenido  que no requiere asignaciones económicas tampoco se cumple como debería.

Se ha evidenciado que su aplicación depende de la inclinación ideológica del Gobierno. El franquismo sigue siendo un tema delicado a tratar para parte de la sociedad y de los políticos, que proceden del legado franquista.

Los expertos coinciden en que el principal problema en España es que aún hay parte de la sociedad que se identifica con algunos aspectos del franquismo cuarenta años después del fin de la dictadura.

 

Francia, el país más similar a España en el tratamiento de la memoria

Muchos países que han sufrido una dictadura a lo largo de su historia tienen su propia Ley de Memoria Histórica. Este patrón legislativo es el que se seguido en España, pero también es el que se ha adoptado en otrospaíses como Francia, Alemania, Chile o Argentina.

Francia es el ejemplo más parecido a España en cuanto al tratamiento de su memoria histórica de manera legislativa. Eso se debe a la tardanza y la poca implicación práctica de las leyes de ambos países.

A diferencia de España, en el caso de Alemania sí que se ha conseguido anular las sentencias de los juicios políticos contra los opositores al nazismo. El estado alemán es quien se encarga en todos los casos de financiar las exhumaciones. No obstante, durante mucho tiempo, el tema estuvo apartado de la agenda política del país. El cambio político se produjo tras el juicio al nazi Adolf Eichmann en 1960 en Israel. La conciencia de las nuevas generaciones alemanas en contra de la impunidad del nazismo y de reconocimiento a la dignidad humana empezó a florecer entonces, no sin impedimentos por parte de la élite dirigente en la República Federal Alemana.

En Chile y Argentina las leyes para la recuperación de la memoria histórica apenas tardaron 10 años en aparecer tras las dictaduras, al contrario que en España, donde la ley tardó más de 30 años en aprobarse. La tardanza en la construcción de una memoria histórica en España dificulta aún más poder encontrar una solución completa y justa.

La cuestión es que hoy en día tiene poco sentido realizar Comisiones de la Verdad como las que tuvieron lugar en diferentes países de Latinoamérica. ¿Al ser demasiado tarde, a quién se puede juzgar ya? La mayoría de los dirigentes franquistas son ancianos o ya han muerto.

Si quieres saber más sobre el tema, recomendamos Políticas de la memoria y memorias de la política de Paloma Aguilar

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